PNV y PSE sabían que había amianto cancerígeno en el vertedero de Zaldíbar pero lo ocultaron a bomberos y policías

Bomberos y ertzainas estuvieron entre siete y 10 horas realizando labores de rescate el pasado día 6 de febrero en pleno derrumbe del vertedero de Zaldíbar. Acudieron sin medios de protección frente al cancerígeno amianto por la ausencia de comunicación por parte del Gobierno vasco, formado por PNV y PSOE-EE,  de la existencia de este material en el vertedero. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente sí sabia que existía este material altamente perjudicial para la salud entre los residuos que se derrumbaron sobre la autopista.

El Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Zaldibar conservan aún la autorización ambiental concedida en 2011 a la empresa gestora del vertedero -Verter Recycling- con categoría AAI, una calificación que incluye el material de construcción con amianto. El documento de inspección ambiental, hecho público este miércoles por OKDIARIO, recoge, efectivamente, esa categoría. La propia ficha de información del Gobierno vasco, que hoy recoge este diario, incluye el permiso expreso de acumulación de esos materiales tan peligrosos.

Esa categoría AAI remite directamente a la Decisión Europea del Consejo 2003/33/CE de regulación de los vertederos, donde se puede leer, efectivamente, en su punto «2.3.3. Residuos de amianto», que «los materiales de construcción que contengan amianto y otros residuos de amianto adecuados podrán eliminarse en vertederos para residuos no peligrosos de conformidad […]».

El Gobierno vasco recoge en la documentación que tiene de la empresa que «por lo tanto, en base a la reglamentación europea, se permite la entrada del código LER 170605 (Materiales de construcción que contienen amianto) en el vertedero de residuos no peligrosos. Un apartado específico de la AAI se refiere a este tipo de materiales, fijando las condiciones de descarga, tratamiento y depósito en el vertedero».

El permiso fue concedido en septiembre de 2011 y venía acompañado de una ‘autorización ambiental integrada’ por la que era la propia empresa la que estaba obligada a fiscalizar y presentar informes de control de actividad al Gobierno vasco. A partir de ahí, y con esa información , era el Ejecutivo regional el que debía chequear el volumen y las condiciones en las que se encontraba el amianto.

PNV y PSOE culpan a la empresa

La noticia contradice las medidas y actitud adoptadas por el Gobierno vasco comandado por PNV en alianza con el PSOE, que no ha dejado de señalar a la empresa como único responsable de lo ocurrido. Y es que, la responsabilidad supervisora recaía, en última instancia, en el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Consejería en manos del socialista Iñaki Arriola, como demuestra el informe de inspección ambiental publicado por este diario y que contó con una visita in situ. Hay que recordar que, como ya ha desvelado OKDIARIO, que ese informe puso en evidencia el 4 de noviembre, tras una inspección presencial realizada el 10 de junio, que el mantenimiento del vertedero era defectuoso y que, de hecho, se jugaba la retirada de la licencia si en un plazo de 30 días no se iniciaban las medidas para corregir su situación. La categoría dada al vertedero en ese informe fue la peor de toda la escala. Pese a ello, el informe fue demorado entre junio y noviembre, y, a la vista está que los arreglos no sirvieron para nada.

Tras el derrumbe del pasado 6 de febrero, que sepultó a dos trabajadores que todavía no han aparecido, el Gobierno vasco ya ha admitido que el vertedero de Zaldibar (Vizcaya) cobija una gigantesca cantidad de amianto. Según ha admitido el consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, el vertedero almacena 16.148 toneladas de asbesto: el equivalente a 1.468 camiones de tamaño medio. Todo ello, en medio de testimonios que afirman que los camiones depositaban este material cancerígeno sin el más mínimo control y sin esconderse.

El amianto, pese a ello, es sólo uno de los enormes problemas de descontrol de este vertedero. El asbesto representa el 0,57% de los 2,8 millones de toneladas de residuos que albergaba en el momento del derrumbe.
El depósito comenzó a operar en 2012 con una vida útil planteada de 35 años: hasta 2047. Pese a ello, en 13 años, había alcanzado ya el volumen máximo fruto del vertido de más residuos de los permitidos y del descontrol.

El segundo mejor vertedero

Pese a ello, el vertedero fue considerado por el Gobierno vasco el segundo mejor de Euskadi en 2016. Es más, el Ejecutivo autonómico ha hecho público un informe de 2019 que detectó 23 «desviaciones», pero «ninguna de ellas grave», ni relacionada en principio con el siniestro, según Arriola.

Ese informe choca frontalmente con el desvelado por OKDIARIO y sellado por el propio Gobierno vasco. Y es que tanto PNV como PSOE-PSE ocultaron durante 98 días un informe de su propio Departamento de Medio Ambiente en el que se alertaba con toda claridad de que la ‘Inspección Ambiental’ de este vertedero se había saldado con la calificación de que “existe algún incumplimiento clasificado como significativo/severo o un cúmulo de incumplimientos de las condiciones de autorización”.

Traducido: que el “grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada” se situaba en el nivel inferior. En el último de todos los posibles, con la calificación de “bajo”. Y, precisamente por ello, el propio informe señaló que las “materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección” afectaban a la “protección del agua”, a los “residuos”, a las “condiciones específicas de los vertederos” y, atención, a las propias “licencias y autorizaciones”. Porque sus irregularidades eran de tal magnitud que directamente podían llevar a la retirada de la licencia.

Entre las acciones a ejecutar a partir de ese informe figuraba el “requerimiento a la actividad, para que en el plazo de 30 días, se presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección, siendo los plazos para su ejecución los mínimos necesarios”. Igualmente se alertaba de la posibilidad de tener que instar una “propuesta de revisión de oficio de condiciones de la autorización ambiental integrada”.

El informe se selló definitivamente el 4 de noviembre de 2019. Es decir, que de haberse cursado de forma diligente, antes de acabar el año 2019 deberían haberse puesto en marcha las medidas necesarias para haber evitado lo que acaba de ocurrir. Pero el informe en cuestión permaneció sin tramitar durante más de tres meses. El tiempo preciso para que a día de hoy no se haya corregido nada sino, que todo lo contrario, se haya ocasionado de los mayores desastres medioambientales -y además, con dos desaparecidos- que recuerda el País Vasco.

El informe de inspección ambiental demuestra la gestión negligente del Gobierno vasco de PNV y PSE. La fecha de la inspección que se llevó a cabo para elaborar este informe es la del 10 de junio de 2019. La fecha de emisión del informe, el 27 de agosto de 2019. Y la fecha de notificación a la empresa del vertedero, se retrasó hasta el 16 de septiembre de 2019.